Historia institucional: | En un primer momento, el gobierno de Guatemala representado a través de la Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR) y los representantes de los refugiados (CCPP) firmaron los Acuerdos del 8 de octubre de 1992 para el retorno voluntario, colectivo y organizado de la población refugiada en México. Parte integral de dicho acuerdo era el acompañamiento internacional a todo el proceso, con el fin de supervisar su pleno cumplimiento por los firmantes. Habiendo participado en la fase de negociación del Acuerdo para el Reasentamiento de la Población Desarraigada (ARPD) bajo el nombre de "Sectores Surgidos por la Violencia y la Impunidad", la conformación de la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada -ACPD- fue el resultado directo de la firma de dicho acuerdo por URNG y el Gobierno de Guatemala, el 17 de junio de 1994. Así, el 12 de agosto del mismo año nació esta entidad, conformada en un primer momento por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Comunidades de Población en Resistencia (CPR-IXCAN y CPR-SIERRA), Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junan (CERJ), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA y Comisiones Permanentes de los Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México, CCPP. Su objetivo primordial para entonces fue apoyar, dar seguimiento y vigilar, en forma coordinada, la implementación del ARPD, asumiendo la calidad de coordinación entre las organizaciones de población desarraigada por el conflicto armado y contando con el acompañamiento internacional, en especial, a los observadores extranjeros que apoyaban a las Comunidades de Población en Resistencia en Ixcán, la Sierra y Petén desde 1993. Como producto derivado del ARPD, se constituyó la Comisión Técnica de Ejecución del Acuerdo de Reasentamiento (CTEAR), la cual tenía por tarea la ejecución de los compromisos contraídos en el mismo. La representación al interior de la Comisión Técnica era tripartita: dos representantes de la población desarraigada, dos representantes internacionales y dos representantes del Gobierno. Por ello, la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada fue parte importante en dicha comisión, ya que se constituyó en la instancia que nombraba a los representantes de la población desarraigada. En su primera etapa, la ACPD no contaba con infraestructura adecuada para su funcionamiento, como oficinas o mobiliario. Por ello, su trabajo era desarrollado gracias a la colaboración de las organizaciones sociales que la conformaban, especialmente CONAVIGUA y CPR. Gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, el Comité Monseñor Romero y el Partido Los Verdes de Alemania, la ACPD pudo contar posteriormente con su propia oficina y equipo para impulsar su trabajo a partir de marzo de 1996. A lo largo de 1996, la actividad de la Asamblea fue constante ante la proximidad de la firma definitiva de la paz en Guatemala, ya que iba a desarrollar su papel de Coordinadora y vigilante de la implementación del ARPD. Entre las tareas urgentes que se plantearon durante ese año estaban la localización de financiamiento, mejorar las áreas de trabajo (educación, salud, mujeres) y aumentar la respuesta a las denuncias por parte de la población reasentada. Por otro lado, se planteó la elaboración de un plan estratégico que fijara su posición ante el futuro inmediato, las posibilidades de alianzas con sectores afines, el papel del empresariado organizado y su relación de la Vertiente Noroccidental, como expresión autónoma de una parte de los refugiados-retornados de México. Al interior de la ACPD en el mismo año, tuvo lugar una rearticulación de las demandas de las organizaciones integrantes. Por un lado, se constituyó la Coordinación de Mujeres desarraigadas de ACPD. Ésta fue creada el 25 de julio con el objetivo primordial de brindar un espacio a las demandas específicas de las mujeres desarraigadas al interior de la Asamblea y, con ello, reconocer el triple sufrimiento como mujeres, pobres e indígenas. Uno de los primeros retos de esta Coordinadora fue impulsar el trabajo hacia las mujeres desarraigadas no organizadas. Por otro lado, en septiembre de 1996, las Vertientes Noroccidental y Sur de las Comisiones Permanentes de los Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México, CCPP, plantearon una serie de cuestiones relativas a la naturaleza misma de la ACPD, así como los objetivos para que todas ellas pudieran realizar un trabajo más coordinado entre sí. Entre las discusiones más importantes sostenidas entre las organizaciones miembros estaban: 1.La permanencia de la ACPD en el periodo posterior de la firma de la paz o su constitución como una entidad con funciones mucho más duraderas. 2.La representación de toda la población desarraigada a través de la Asamblea. 3.El carácter incluyente de la Asamblea. 4.Cómo resolver los roces entre las organizaciones integrantes de la ACPD. 5.La postura ante el intento gubernamental de asignar la ejecución de varios proyectos a SEGEPLAN, cuando correspondían a actividades de la CTEAR. 6.La consideración como desarraigada por parte de la población que trabaja con otras organizaciones sociales. 7.La defensa integral de los acuerdos del 8 de octubre de 1992. El inicio de 1997 marcó una nueva etapa en la historia de la ACPD. El seguimiento a la dinámica abierta por los Acuerdos de Paz implicó mayores tareas para todos los miembros de la Asamblea. Así, en un periodo de reflexión interna, la ACPD concluyó que dependía en gran medida de la misma población reasentada para mantener el equilibrio con la población residente y con las instituciones involucradas en el proceso de reasentamiento. El plan estratégico de la Asamblea para 1997 tenía ciertas líneas importantes en cuanto al trabajo con los nuevos asentamientos: a)Apoyar la recomposición de la cadena agrícola, con especial énfasis en los "eslabones más rentables", especialmente la comercialización. b)Dedicar más atención a la construcción de infraestructura local (accesos, servicios de salud, recreación, educación) con el objetivo de brindar oportunidades para la satisfacción de las necesidades básicas y, con ello, aprovechar a su vez las oportunidades comerciales futuras. c)Construir una cultura democrática que permitiera resolver los conflictos locales, apoyándose en la consulta constante de la población local. d)Mejorar la coordinación con otras organizaciones sociales, especialmente, al interior de la Asamblea de la Sociedad Civil -ASC-. e)Fortalecer y ampliar a la ACPD, a través de la constitución de la personería jurídica, la elaboración de un reglamento interno y la incorporación de más organizaciones sociales. f)Apoyar y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Cronograma para los 90 días (particularmente en lo relativo a: la reforma de la legislación sobre documentación personal, la identificación de tierras para el reasentamiento de la población desarraigada, la remoción de minas, la creación de un fondo para el reasentamiento de la población desarraigada, la presentación de un Plan Específico de educación por parte de UNESCO y la aceleración de las negociaciones para facilitar el retorno de los refugiados y el reasentamientos de la población desplazada) , así como apoyar el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En el balance hecho a inicios de 1998, la ACPD deja ver el éxito parcial de sus metas, al igual que los retos que aún tenía que enfrentar. El primer logro fue la incorporación de nuevas organizaciones con el fin de mejorar su cobertura e incidencia. Así, se sumaron a los esfuerzos ya realizados la Asociación Maya Achí para el Desarrollo Comunitario (ADECOMAYA), Representaciones territoriales de Comunidades Desarraigadas (Región Ixcán, Nentón y Barillas), Asociación de Desarraigados en Desarrollo del Petén (ADEP), Comunidad de Retornados Fray Bartolomé de las Casas, Comité para la Reconstrucción para la Paz (Cahabón, Alta Verapaz) y la Asociación de Productores K'anbal Chuq'ab Tinimit, región XIX. Otro de los logros fue su participación para que se promulgara la el decreto 75-97, Ley Temporal de Documentación Personal. Hasta ese mismo año, los miembros de la ACPD pudieron suscribir el Acta Constitutiva para obtener el reconocimiento de su personería jurídica. A su vez, la primera fase de reasentamiento de la CPR Sierra y Petén finalizó. Para los años 1999 y 2000, los retos para la ACPD aumentaron ante la dificultad de cumplimiento en calidad y cantidad de los compromisos y proyectos establecidos, ya que el Gobierno no disponía de fondos necesarios ni voluntad política. Tampoco se veía un avance serio en cuanto a la seguridad jurídica de la tierra ya entregada o, en el mejor de los casos, se habían asignado las fincas correspondientes pero sin el respaldo necesario en lo que se refería a los proyectos de integración económica (cultivos, infraestructura, crédito). Se llegó a un desfase tan pronunciado en cuanto al cumplimiento de los compromisos establecidos en el ARPD, que MINUGUA declaró que lo anterior ponía "en evidencia el limitado cumplimiento del compromiso de atención especial para la población desarraigada." A finales de 1999, la ACPD no pudo ver cumplido el proyecto que, conjuntamente con la Fundación Guillermo Toriello Garrido, habían propuesto a FOGUAVI y la SEPAZ para la construcción sostenida de 2,000 viviendas por año en un periodo de 5 años, con el fin de satisfacer la demanda de 10,000 familias. En agosto de 2000, el Ministerio de Educación presentó el Plan de Acción para la Incorporación de Comunidades, el cual fue firmado el 19 de diciembre del mismo año por el Ministerio de Educación, CTEAR y ACPD. Sin embargo, las metas no se cumplieron y para 2001 MINUGUA denunció que ninguna de las metas establecidas en dicho plan se alcanzó. |