| Historia institucional: | En un primer momento, el gobierno de Guatemala representado a través de la Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados -CEAR- y las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México -CCPP-, firmaron los Acuerdos del 8 de octubre de 1992 para el retorno voluntario, colectivo y organizado de la población refugiada en México. Parte integral de dicho acuerdo era el acompañamiento internacional a todo el proceso, con el fin de supervisar su pleno cumplimiento por los firmantes. Habiendo participado en la fase de negociación del Acuerdo para el Reasentamiento de la Población Desarraigada -ARPD- bajo el nombre de "Sectores Surgidos por la Violencia y la Impunidad", la conformación de la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada -ACPD- fue el resultado directo de la firma de dicho acuerdo por la URNG y el Gobierno de Guatemala, el 17 de junio de 1994. Así, el 12 de agosto del mismo año nació esta entidad, conformada en un primer momento por el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, Comunidades de Población en Resistencia (CPR-IXCAN y CPR-SIERRA), Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam -CERJ-, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA- y Comisiones Permanentes de los Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México -CCPP-. Su objetivo primordial para entonces fue apoyar, dar seguimiento y vigilar en forma coordinada, la implementación del ARPD, asumiendo la calidad de coordinación entre las organizaciones de población desarraigada por el conflicto armado y contando con el acompañamiento internacional, en especial, de los observadores extranjeros que apoyaban a las Comunidades de Población en Resistencia en Ixcán, la Sierra y El Petén desde 1993. Como producto derivado del ARPD, se constituyó la Comisión Técnica de Ejecución del Acuerdo de Reasentamiento -CTEAR-. La Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada fue parte importante en dicha comisión, ya que se constituyó en la instancia que nombraba a los representantes de la población desarraigada. A lo largo de 1996, la actividad de la Asamblea fue constante ante la proximidad de la firma definitiva de la paz en Guatemala, ya que iba a desarrollar su papel de Coordinadora y vigilante de la implementación del ARPD. Entre las tareas urgentes que se plantearon durante ese año estaban la localización de financiamiento, mejorar las áreas de trabajo (educación, salud, mujeres) y aumentar la respuesta a las denuncias por parte de la población reasentada. Por otro lado, en septiembre de 1996, las Vertientes Noroccidental y Sur de las Comisiones Permanentes de los Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México -CCPP-, plantearon una serie de cuestiones relativas a la naturaleza misma de la ACPD. El inicio de 1997 marcó una nueva etapa en la historia de la ACPD, por la dinámica que permitían los Acuerdos de Paz, que implicaba mayores tareas, la ACPD concluyó que dependía en gran medida de la misma población reasentada para mantener el equilibrio con la población residente y con las instituciones involucradas en el proceso de reasentamiento. En el balance hecho a inicios de 1998, el primer logro de la ACPD, fue la incorporación de nuevas organizaciones con el fin de mejorar su cobertura e incidencia. Así, se sumaron a los esfuerzos ya realizados la Asociación Maya Achí para el Desarrollo Comunitario -ADECOMAYA-, Representaciones territoriales de Comunidades Desarraigadas (Región Ixcán, Nentón y Barillas), Asociación de Desarraigados en Desarrollo del Petén -ADEP-, Comunidad de Retornados Fray Bartolomé de las Casas, Comité para la Reconstrucción para la Paz (Cahabón, Alta Verapaz) y la Asociación de Productores K'anbal Chuq'ab Tinimit, región XIX. Otro de los logros fue su participación para que se promulgara el decreto 75-97, Ley Temporal de Documentación Personal. Hasta ese mismo año, los miembros de la ACPD pudieron suscribir el Acta Constitutiva para obtener el reconocimiento de su personería jurídica, a su vez, la primera fase de reasentamiento de la CPR Sierra y Petén finalizó. Para los años 1999 y 2000, los retos para la ACPD, aumentaron ante la dificultad de cumplimiento en calidad y cantidad de los proyectos establecidos, debido a la falta de fondos y poco avance en cuanto a la seguridad jurídica de la tierra ya repartida, debido a los conflictos ocurridos por ocupaciones de fincas, o por entrega de tierras sin el respaldo necesario en lo que se refiere a los proyectos de integración económica (cultivos, infraestructura y crédito). Debido a ello, se evidenció las limitaciones para la atención adecuada de la población desarraigada. |
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